Las elecciones de este año resultaron en una enorme pérdida para el PRD, comenzando por la disolución de su registro nacional.
El partido, que había sido una fuerza importante en la izquierda en México, no logró reunir el 3 % de la votación requerida y, con ello, dijo adiós a un patrimonio de más de 200 millones de pesos en bienes inmuebles que estaban bajo el control de su dirigencia nacional.
A pesar de la desincorporación de seis propiedades que formaban parte del PRD nacional, los comités estatales de este partido han mantenido en la oscuridad la cantidad y el valor de los edificios y casas que poseen en la mayoría de las localidades.
De las 32 entidades federativas, solo siete han cumplido con la obligación de transparentar el caudal inmobiliario adquirido con recursos públicos.
El 1 de octubre, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al PRD dar a conocer información detallada sobre sus inmuebles, así como sus gastos y deudas, luego de que no respondiera a una solicitud de transparencia realizada por un ciudadano.
Pese a la coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), que buscaba fortalecer su posición en el electoral, el PRD enfrentó una catástrofe en las urnas.
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Sin embargo, el partido al menos obtuvo un premio de consolación: la posibilidad de permanecer como partido político local en 13 entidades federativas donde superó el umbral del 3 %, lo que le permitirá conservar más de 34 propiedades valoradas en 64.8 millones de pesos.
A pesar de que los partidos están obligados a reportar esta información en los portales de transparencia, solo las dirigencias perredistas de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México y Zacatecas han cumplido.
La situación no solo implica la pérdida de propiedades, sino que el PRD también dejará de recibir las prerrogativas anuales que reparte el Instituto Nacional Electoral (INE).
Para el 2024, esos recursos superarán los 765 millones de pesos, lo que representa un golpe financiero significativo.
Sobre el opaco patrimonio de los partidos, la comisionada del INAI, Julieta del Río, advirtió en el exhorto emitido el 1 de octubre que “la extinción de un partido también conlleva un proceso importante en cuanto a la reasignación de recursos financieros, bienes inmuebles y liquidaciones”.
Agregó que si este proceso no se lleva a cabo de manera adecuada y con seguimiento, se pueden generar espacios propensos a la opacidad, perjudicando los recursos públicos.