El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una iniciativa en el Congreso de Michoacán para ampliar los alcances de la legítima defensa y que esta protección jurídica incluya viviendas, negocios, parcelas, huertas y otros inmuebles destinados a actividades productivas.

La propuesta, impulsada por el diputado Octavio Ocampo Córdova, plantea modificar el artículo 27 del Código Penal del Estado para establecer mayores garantías a las personas que reaccionen ante agresiones dentro de sus propiedades. Actualmente, la legislación estatal contempla la legítima defensa como una causa de exclusión del delito bajo determinados supuestos.

El planteamiento busca eliminar la incertidumbre jurídica para víctimas de delitos violentos, al considerar que familias, comerciantes y productores pueden enfrentar situaciones de riesgo cuando ingresan personas sin autorización a sus inmuebles.

La iniciativa establece que la presunción de legítima defensa pueda aplicarse cuando exista una intrusión ilegal mediante violencia, escalamiento o engaño, principalmente cuando esté en peligro la integridad física de quienes se encuentren dentro del lugar. También contempla casos relacionados con delitos graves como robo, secuestro, violación o extorsión.

La propuesta incluye la eliminación de la obligación de retirarse o abandonar el sitio antes de ejercer la defensa, bajo los supuestos establecidos en la reforma. Sin embargo, mantiene límites para evitar el uso excesivo de la fuerza y señala que no aplicaría si se acredita que la persona que se defendió provocó la agresión o continuó ejerciendo violencia cuando el riesgo ya había terminado.

El planteamiento ocurre en un estado donde los delitos patrimoniales representan una de las principales incidencias reportadas. Durante 2024, Michoacán registró más de 25 mil carpetas de investigación por delitos contra el patrimonio, entre ellos robo en sus distintas modalidades, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Además, los robos a negocios y viviendas forman parte de los delitos que afectan a sectores productivos y familias en la entidad. La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas del INEGI ha señalado que una proporción importante de establecimientos en México enfrenta hechos delictivos cada año, principalmente relacionados con robo y extorsión.

El Congreso de Michoacán deberá analizar la iniciativa antes de determinar si avanza hacia una modificación del marco penal estatal. El Código Penal vigente establece entre sus causas de exclusión del delito figuras relacionadas con la legítima defensa y otros supuestos jurídicos que eximen responsabilidad penal bajo ciertas condiciones.