Estados Unidos es un país armado, no sólo por su milicia, una de las más poderosas del mundo, sino por sus civiles, quienes tiene por ley derecho a portar armas de grueso calibre, a pesar de las múltiples masacres que año con año se suscitan en ese país.

Por ese motivo, el diputado federal Joaquín Castro presentará un proyecto de ley que irrumpiría en el tráfico de armas de Estados Unidos a México y a otros países.

El proyecto exigirá mayores controles de exportación, mejores datos y mecanismos de rendición de cuentas en torno a toda transferencia de armas de fuego.

“Hace casi cuatro años, el gobierno de Donald Trump trabajó junto con la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) para hacer flexibles las regulaciones sobre la exportación de armas y con ello inundar el hemisferio occidental con armas hechas en Estados Unidos”, explicó el diputado Castro.

Y agregó: “El Congreso necesita abordar el papel de las exportaciones de armas estadunidenses en impulsar la violencia e inestabilidad en el extranjero”.

Secretarías y agencias federales no tienen información ni análisis sobre las redes de tráfico de armas de fuego en México y Centroamérica, reveló la Oficina de Contabilidad General de Estados Unidos.

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Encontró además que “pocos esfuerzos” del gobierno de Estados Unidos en la región se enfocan al tráfico de armas de fuego, por lo que en los países donde se trafica no tienen un entendimiento detallado de ese delito.

Además, el tráfico de armas de fuego nutre la violencia y fortalece a criminales en países como Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México.

El diputado Castro explicó que durante el gobierno de Trump, la autoridad para aprobar envíos de armas pequeñas de Estados Unidos a América Latina fue trasladada del Departamento de Estado al de Comercio, pero enfocado en promover negocios, lo cual le dio “un regalo a los cabilderos de armas, pues disminuyeron los requisitos de registro, hubo menos supervisión y más exenciones”.

El proyecto del legislador, llamado ley de monitoreo de ventas de armas a la región de las Américas (Armas, por sus siglas en inglés), requeriría que el Departamento de Estado de Estados Unidos apruebe o niegue licencias para exportar armas pequeñas, así como establecer un sistema entre agencias con el fin de rastrear artefactos de fuego y frenar su tráfico.

Eso, sostiene la propuesta, le daría al Congreso estadounidense el poder para rechazar ciertas ventas de arsenales y requerir monitoreos e informes constante sobre las operaciones.

Según estimaciones, en Estados Unidos hay 400 millones de armas en manos de civiles y muchas son ilícitas.