Más de tres mil 354 personas privadas de libertad permanecen sin sentencia debido a los largos procesos judiciales en el estado de Michoacán.
Lo anterior, representa el 51 % de la población penitenciaria.
Un informe de la Consejería Jurídica del estado de Michoacán confirmó la preocupación institucional respecto a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de desaparecer la prisión preventiva.
Esto implicaría la liberación de más de la mitad de los presos en todo el estado, actualmente distribuidos en 11 prisiones estatales.
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El consejero jurídico de Michoacán, César Ocegueda Robledo, señaló que la eliminación reforzaría la tesis de que los delincuentes nunca pisan la cárcel y crearía incertidumbre en la sociedad, reforzando la percepción de que no se hace nada para protegerla.
Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ratificó el exhorto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia para que no “politicen” su decisión.
La Corte sesionará y votará la recomendación emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos durante la primera semana de abril.