El Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó que los nuevos lineamientos en materia de derechos de las audiencias propuestos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT)representan un riesgo para la libertad de expresión y podrían abrir la puerta a mecanismos de censura, monitoreo y control de los medios de comunicación en México.

La postura fue fijada por el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, quien sostuvo que las disposiciones permitirían una supervisión excesiva sobre los contenidos que transmiten concesionarios de radio y televisión. El legislador afirmó que el proyecto no busca proteger a las audiencias, sino establecer herramientas para revisar decisiones editoriales y presionar a los medios críticos del gobierno.

“Quieren disciplinar a quien no se arrodille”, declaró Añorve al rechazar el anteproyecto que actualmente se encuentra en consulta pública.

El documento difundido por la CRT corresponde a los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, los cuales permanecerán abiertos a observaciones ciudadanas y del sector hasta el 21 de agosto de 2026.

Entre los cambios que han generado mayor controversia se encuentra la obligación de que los concesionarios distingan de manera clara entre información, opinión y contenido publicitario dentro de sus programas.

Para el PRI, esa disposición es ambigua y podría utilizarse para cuestionar programas de análisis, entrevistas o comentarios periodísticos, al no existir criterios objetivos para determinar cuándo un contenido deja de ser informativo y se convierte en opinión.

Añorve recordó que durante la discusión de la reforma en telecomunicaciones, la oposición calificó estas modificaciones como la “Ley Maduro”, al considerar que podrían facilitar medidas precautorias y mecanismos de supervisión sobre las transmisiones de los medios electrónicos.

El proyecto también contempla un procedimiento de quejas que iniciaría en las Defensorías de las Audiencias y que, en caso de incumplimiento de sus recomendaciones, podría escalar a la propia CRT.

Además de cuestionar el alcance de los lineamientos, el senador priista vinculó su publicación con el contexto político actual y acusó al gobierno federal de intentar desviar la atención de temas como la inseguridad, el huachicol fiscal y presuntos vínculos con el crimen organizado.

Desde el oficialismo, la postura ha sido distinta. La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, ha defendido que los lineamientos buscan hacer efectivos los derechos de las audienciasprevistos en la Constitución y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, garantizando que los usuarios reciban información claramente identificada y diferenciada de la publicidad.

Los derechos de las audiencias fueron incorporados al marco jurídico mexicano a partir de la reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013 y posteriormente desarrollados en la legislación secundaria. Desde entonces, su regulación ha sido objeto de controversias, modificaciones legislativas y revisiones judiciales respecto al alcance de las obligaciones de radio y televisión.

El PRI anunció que presentará observaciones formales al proyecto y buscará que el Senado mantenga vigilancia sobre cualquier disposición que, a su juicio, implique facultades de supervisión indebida sobre los contenidos periodísticos.