Una reforma constitucional impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla busca poner freno al mercado clandestino de terrenos deforestados en Michoacán. La propuesta, entregada al Congreso local, plantea la creación de avisos o certificados que revelen la situación ambiental de cada predio antes de concretar una compra-venta.

La intención es que cualquier persona interesada en adquirir un terreno pueda conocer si el sitio arrastra denuncias por daño ecológico, restricciones de uso de suelo, contaminación o procedimientos abiertos por violaciones a la Ley Ambiental. De acuerdo con el gobernador, la iniciativa generaría una anotación técnica y jurídica que acompañaría a cada propiedad, funcionando como una advertencia clara para compradores.

“Quien quiera comprar un terreno sabrá, de entrada, si ese predio está involucrado en procesos por violación ambiental”, señaló Ramírez Bedolla, al explicar que esta medida busca cortar el flujo de tierras deforestadas que se comercializan como si no tuvieran antecedentes.

Para garantizar la vigilancia, el gobierno propone habilitar el sistema denominado Guardián Forestaldentro del Registro Público de la Propiedad. Las notarías estarían obligadas a consultarlo antes de formalizar cualquier operación inmobiliaria, lo que convertiría a esta herramienta en un filtro indispensable contra el tráfico ilegal de suelos degradados.

La iniciativa ahora queda en manos del Congreso local, donde deberá discutirse y, en su caso, avanzar hacia una reforma de fondo en materia de protección ambiental y transparencia en el mercado de tierras.