Una iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México plantea que padres o tutores que hayan sido condenados por el delito de maltrato animal puedan perder la patria potestad de sus hijas e hijos, como parte de una reforma al Código Civil local que busca incorporar esta conducta como causal para retirar dicho derecho. La propuesta fue impulsada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Luisa Fernanda Ledesma Alpizar, y actualmente se encuentra en análisis legislativo, por lo que aún no ha sido aprobada ni aplicada.

El planteamiento establece que la pérdida de la patria potestad no sería automática, sino que dependería de la existencia de una sentencia firme emitida por una autoridad judicial por casos de crueldad o maltrato animal, además de una valoración específica de cada situación conforme al interés superior de niñas, niños y adolescentes. La iniciativa busca modificar el marco legal vigente para incluir este tipo de conductas dentro de los supuestos en los que un juez puede determinar la pérdida de derechos parentales.

De acuerdo con el contenido de la propuesta, el objetivo es prevenir que menores de edad permanezcan en entornos donde existan antecedentes de violencia, incluso si esta no se ha ejercido directamente contra ellos, bajo el argumento de que este tipo de conductas puede reflejar patrones de comportamiento que representen un riesgo dentro del ámbito familiar. En ese sentido, se plantea que una persona que ha sido condenada por ejercer violencia contra un ser sintiente no debería mantener la responsabilidad legal sobre el cuidado y desarrollo de menores.

Actualmente, el Código Civil de la Ciudad de México ya contempla diversas causales para la pérdida de la patria potestad, como la violencia familiar, el abandono, el incumplimiento de obligaciones alimentarias o la comisión de delitos graves contra los propios hijos, por lo que la iniciativa busca ampliar estos supuestos para incluir el maltrato animal como un indicador adicional de riesgo.

La propuesta deberá ser discutida en comisiones legislativas y posteriormente votada en el pleno del Congreso local para determinar su viabilidad, así como los mecanismos específicos para su aplicación, incluyendo la definición de quién asumiría la tutela de los menores en los casos en que se determine la pérdida de la patria potestad.