Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se lanzó una propuesta al Congreso para realizar un reforma que permita aplicar penas de hasta 30 años de cárcel a quienes utilicen drones o aeronaves tripuladas para generar violencia.

La iniciativa pretende reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y este martes fue enviada a la Comisión Permanente del Congreso.

La reforma propone que se estipule una pena de entre 10 a 20 años de prisión para quien arroje explosivos o sustancias químicas desde un dron, o lo impacte contra personas y propiedades; la pena aumentaría hasta 30 años si el blanco del ataque perteneciera a las Fuerzas Armadas o a instituciones de seguridad.

También se plantean penas de cinco a 10 años para quien compre o fabrique drones para transportar explosivos, armas o drogas, o bien, los use para vigilar a funcionarios con el fin de agredirlos.

La iniciativa también toma en considera que el uso de drones sea tomado como un agravante en casos de terrorismo, con lo que las condenas aumentarían en un tercio, en caso de haber utilizado uno de estos aparatos para cometer el crimen.

La propuesta surge luego de que se recibieran reportes de que grupos de la delincuencia organizada habían usado drones para realizar ataques en las localidades michoacanas de Parácuaro y Apatzingán.