La bancada del Partido del Trabajo (PT), en el Senado de la República presentó una iniciativa para eliminar la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera de bloquear cuentas bancarias sin orden judicial, al considerar que esta medida vulnera derechos constitucionales.

La propuesta plantea modificar disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito para establecer que la inclusión de personas en listas de cuentas bloqueadas solo pueda realizarse mediante autorización judicial previa y por escrito, cuando existan indicios relacionados con delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.

Los legisladores argumentaron que el esquema vigente permite congelar cuentas con base en sospechas, lo que obliga a los afectados a demostrar la legalidad de sus recursos, invirtiendo la carga de la prueba y afectando la presunción de inocencia, así como derechos de audiencia y propiedad.

La reforma que actualmente permite estas acciones fue aprobada en 2022 por el Congreso y validada recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó que el procedimiento garantiza mecanismos de defensa para los ciudadanos.

La iniciativa busca revertir ese criterio y establecer controles judiciales previos para evitar afectaciones económicas inmediatas a personas físicas y empresas derivadas del bloqueo de cuentas bancarias.