“La primera vez que yo sentí que me hacía algo, fue una vez que me gritó porque llegó y los niños estaban juegue y juegue, la casa sucia y la comida a medias. Esa vez hasta los niños se espantaron y de ahí, ya no paró”, narra Violeta, mujer indígena de la región purépecha, para admitir que fue víctima de violencia intrafamiliar durante años.
La madre de dos varones de siete y nueve años afirmó que nunca se habría atrevido a denunciar si no fuera porque uno de sus hijos salió en su defensa en una discusión con su marido. La discusión estuvo cerca de terminar en agresiones físicas.
“A mis niños nadie me los toca. Ahí fue cuando me di cuenta que las cosas no iban a cambiar”, cuenta.
En México, seis de cada 10 mujeres indígenas son víctimas de violencia; sin embargo, la cultura de la denuncia es casi nula, debido a las costumbres patriarcales que permean en las localidades indígenas, así como la desconfianza de las mujeres en las instituciones que deberían brindarles justicia.
Patricia Torres, jurista integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, dijo que durante 2023 se brindaron asesorías a 23 mujeres indígenas víctimas de violencia en 10 municipios con poblaciones originarias en Michoacán. De las mujeres asesoradas, sólo tres decidieron continuar con la denuncia.
Te puede interesar: Marchan pueblos originarios en su día
“Hay una desconfianza en las instituciones, porque el sistema le falla a las mujeres en todos sus niveles. Existe un racismo institucional que no permite que las mujeres indígenas accedan a la justicia”, reveló.
A ello se le suma una simulación en la inclusión de las mujeres a la vida política de las comunidades que se rigen por autogobiernos, cuyas decisiones en los concejos siguen exclusivamente en manos de los hombres en la mesa, mientras que las mujeres en esos espacios continúan en la lucha por ejercer sus derechos políticos.
Activistas acusan que las instituciones invisibilizan a las mujeres indígenas y sus luchas
A pesar de los avances en materia de autogobierno y reivindicación de las comunidades indígenas, en Michoacán las instituciones aún invisibilizan el papel de la mujer dentro de las localidades urbanas.
No sólo eso, sino que lo reducen a las tareas del hogar y se hacen de la vista gorda ante situaciones de violencia, afirmó Patricia Torres, jurista integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas.
En entrevista, la activista señaló que aun cuando hay representación y participación de mujeres en espacios de toma de decisiones, como los concejos en las comunidades, los liderazgo dentro de estas mesas de gobierno no son encabezados por mujeres ni sus ideas son puestas a consideración.
“Tenemos un fenómeno de violencia política desde ese fingir en incluir a las mujeres en la toma de decisiones. Los usos y las costumbres tienen normalizado este juego político, en donde las mujeres no llegan a espacios reales de toma de decisiones”, explicó.
En cuanto a otros tipos de violencia, como la física, psicológica y económica, expresó que los casos se complican más ante un posible rechazo dentro de la comunidad por el hecho de denunciar un abuso.
Mientras que las políticas públicas para la prevención de la violencia contra la mujer no contemplan en lo particular las necesidades y retos de las mujeres indígenas.
“No hay seguimiento desde lo local, lo estatal y menos lo federal; eso nos habla de situaciones a las que claramente no se les está prestando atención”, añadió.
En México, seis de cada 10 mujeres indígenas son víctimas de violencia
En México, una de cada 10 mujeres que residen en el país es indígena, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), lo cual significa que de las más de seis millones de mujeres indígenas que habitan en el país, 67.6 % de ellas aseguró haber sido víctima de violencia a lo largo de su vida.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 del Inegi, la violencia contra las mujeres indígenas en México ha ido en aumento en los últimos años, teniendo un incremento de 3.3 % en comparación con cifras de 2016.
Las mujeres indígenas viven mayores índices de violencia y desigualdad en comparación con las mujeres que no se consideran indígenas; por ejemplo, del total de mujeres indígenas, 25.7 % son jefas del hogar, cifra menor en comparación con las que no son indígenas (32.5 %).
En México, la participación económica de las mujeres en general es de las más bajas de la región, situación que se agrava entre las mujeres indígenas, la cual apenas alcanza 29.8 %.
Además, 49.4 % de las indígenas jefas de hogar tienen ingresos económicos menores o iguales al salario mínimo. Esa misma percepción monetaria la tiene el 27.9 % de las mujeres no indígenas.
En términos educativos, en promedio, las mujeres indígenas apenas logran superar la primaria e ingresar a la secundaria (6.9 años de escolaridad), mientras que las mujeres no indígenas llegan al primer año de educación media superior (9.9 años de escolaridad).
El 20 % de las mujeres indígenas es analfabeta. Cifra que exhibe una diferencia de 16 puntos porcentuales si se le compara con las mujeres no indígenas (4 %).
Violencia psicológica, principal padecimiento de mujeres indígenas en Michoacán
En Michoacán, 155 mil personas mayores a los tres años de edad hablan alguna lengua indígena; de ellas, 51% son mujeres (79.1 mil), y más de 50 % de las mujeres mayores de 15 años afirmó haber padecido violencia psicológica en su vida.
La ENDIREH 2021 del Inegi reveló también que a la par de la estadística federal, la violencia contra las mujeres indígenas es una constante en Michoacán: 64.8 % refirió ser víctima de algún tipo de violencia; 35.9% de violencia sexual, el 33.1 % de violencia física, y 26.8 % de violencia económica.
En 2017, el Gobierno de Pátzcuaro, el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la asociación civil Comunidad Segura presentaron un diagnóstico integral de la violencia contra las mujeres en el Pueblo Mágico, mediante el cual se expuso que los principales agresores son parejas sentimentales y el lugar donde ocurre la violencia con más frecuencia son los hogares.
Te puede interesar: Comunidades indígenas defenderán maíz mexicano
La mayoría de ellas percibe algún ingreso; sin embargo, el 38 % no recibe remuneración alguna por su trabajo. Por otro lado, las mujeres indígenas con más responsabilidad en el gasto familiar se dedica a la pesca, a la prestación de servicios turísticos como empleadas en restaurantes, hoteles, así como a la venta de frutas y legumbres en mercados locales, artesanas, entre otros.
El diagnóstico también arrojó que de las mujeres participantes, 76 % no considera justa, bajo ninguna razón, la violencia que ejerce el hombre en contra de la mujer. No obstante, del 60 % que ha sufrido o vivido o sufren o viven violencia, sólo 1 % solicitó ayuda.
La cifra es tan baja porque en las comunidades rurales no sólo se normaliza la violencia, sino que se refuerza a través de ciertos discursos como “¿de qué vas a vivir?”, “tienes que cargar con tu cruz”, “los hombres no van a cambiar”, “hay que aguantar la violencia”, “no es bien visto que la mujer esté sola y sin hijos”, entre otros.
Hacia un modelo de protección de las mujeres indígenas, acciones fuera del punitivismo
Para la activista feminista, Circe López, uno de los errores en la estrategia de la prevención a la violencia contra las mujeres indígenas es continuar castigando a los hombres en las comunidades desde una óptica punitivista que acaba por romper núcleos familiares y genera rencillas contra las propias mujeres.
La representante de la asociación civil Humanas sin Violencia refirió que muchos de los casos de violencia contras las mujeres en áreas rurales no son denunciados, debido a que las repercusiones que les genera a las mujeres indígenas llegan a ser mayores que los beneficios.
“Es un fenómeno en que las víctimas terminan siendo víctimas de más violencia por parte de su comunidad, al evidenciar un hecho que pone en juicio el tejido social de la comunidad, pero también las pone en una situación de vulnerabilidad [porque] muchas mujeres no pueden sostener un hogar solas”, explicó.
Circe López señaló que el dejar la prevención de la violencia y la aplicación de la justicia en manos de instituciones que no llevan un control de lo ocurre en las comunidades, sólo complica más la resolución de conflictos y vulnera a las víctimas.
Afirmó que una de opciones que se conversa desde las asociaciones feministas que trabajan con mujeres en comunidades indígenas es que desde los propios núcleos de acompañamiento entre mujeres se consoliden concejos en que ellas sean rectoras y observantes de lo que ocurre en las localidades.
López aseguró que si las mujeres indígenas son quienes viven pero también señalan y resuelven sus problemáticas de violencia, pueden generarse espacios para dejar el miedo a la denuncia y abandonar la normalización de la violencia contra las mujeres.
Mujeres arman protocolo de defensa a mujeres indígenas
En noviembre de 2022, la asociación civil Defensoras de la Mujer Purépecha presentó el Protocolo de Actuación para la Defensa y Protección de los Derechos de la Mujer Indígena y Afromexicana del Estado de Michoacán, una iniciativa financiada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
El protocolo tiene como finalidad la presentación de herramientas conceptuales y metodológicas para que se garantice la estandarización de procedimientos en la atención a casos de violencia contra mujeres indígenas, privilegiando una perspectiva de género en su atención.
Entre las acciones que destaca están la atención empática, la escucha asertiva, informar a las mujeres sus derechos, solicitar chequeos médicos, incentivar la identificación y denuncia de los agresores, así como garantizar el ejercicio de sus derechos.
Toda la atención a mujeres víctimas comenzaría por su canalización con Defensoras de la Mujer Purépecha, luego de una entrevista inicial y la detección del tipo de atención que necesitan, que puede ser atención psicológica, jurídica y médica.
También añaden un plan de seguridad para usuarias indígenas y afromexicanas que denunciaran previamente ser víctimas de violencia, el cual abarca aspectos de protección personal, así como temas jurídicos y de auxilio ante emergencia, entre otros.