Sin una reparación del daño formal, sin papeles que comprueben su identidad, y sin los medios suficientes para poder salir adelante, niños y jóvenes que fueron víctimas de hacinamiento y maltratos en el albergue “La Gran Familia”, en Zamora, Michoacán, terminaron recurriendo al crimen organizado, a la vida en la calle y, casos extremos, al suicidio.

Ese es el final que tuvieron por lo menos 40 menores que vivían en el albergue “La Gran Familia”, un sitio que fue desmantelado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ante las constantes denuncias por maltrato infantil, trata de personas, abuso sexual y hacinamiento.

En julio de 2014, elementos de seguridad federal rescataron a 596 personas, entre menores de edad, adolescentes y adultos mayores, del albergue “La Gran Familia”, un espacio que se presumía ser de asilo y rescate a menores en abandono y personas en situación de calle, que terminó siendo el centro de incontables delitos.

Te puede interesar: Michoacán prepara disculpas públicas por casos Arantepacua y “Mamá Rosa”

A 10 años del mega operativo, Eduardo Verduzco Verduzco, uno de los hijos de “Mamá Rosa”, como era conocida la directora de la casa, afirmó que la reparación del daño no llegó para el grueso de las víctimas, por lo que tuvieron que recurrir a otros métodos de supervivencia.

Ante el trauma vivido y la falta de accesibilidad para reingresar a la sociedad, reconoció que hay quienes ingresaron al mundo del crimen organizado, como gatilleros y halcones, de los cuales, al menos seis han muerto o han sido privados de su libertad por sus actos.

Mientras que, al menos dos decenas de jóvenes, entre mujeres y hombres, optaron por quitarse la vida, debido a lo vivido y la falta de auxilio.

Eduardo fue la primer víctima en recibir una reparación del daño integral por parte de la Comisión Ejecutiva de Víctimas en 2019, y debido a su lucha social por la reivindicación de aquellos que sufrieron los abusos de Rosa del Carmen Verduzco Verduzco “Mamá Rosa”, ahora ayuda a sus “hermanos” a recibir justicia.

Sin embargo, de las 530 personas que están reconocidas como víctimas del albergue “La Gran Familia”, sólo 10 han avanzado un proceso de reparación del daño, mientras que el resto no cuenta con carpetas abiertas, ni con procesos iniciados.