El intento de registrar “Movimiento del Sombrero” y el nombre de Carlos Manzo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial abrió un nuevo frente en la disputa política que atraviesa Uruapan desde el asesinato del alcalde. Aunque la solicitud fue presentada días después del crimen, el trámite no ha concluido y aún no existe resolución oficial que otorgue la marca a ninguna persona. El proceso continúa en fase administrativa, sujeto a revisión y a posibles oposiciones.

La iniciativa de registro, impulsada por Grecia Quiroz, busca proteger legalmente tanto la identidad del movimiento político creado por Manzo como su nombre, en un contexto donde el liderazgo que dejó vacante se convirtió en un activo político de alto valor. El IMPI, sin embargo, opera con tiempos propios: los procedimientos pueden extenderse durante varios meses y cualquier tercero puede presentar objeciones antes de que la marca sea concedida o rechazada.

Ese margen de indefinición jurídica coincide con un momento de tensión pública. Quiroz ha endurecido sus señalamientos sobre el entorno del exalcalde Ignacio Campos Equihua y ha pedido que integrantes del grupo godoyista se separen de sus cargos para permitir investigaciones. La solicitud de registro, vista desde este ángulo, no solo preserva un nombre, sino que consolida la narrativa que ella ha intentado sostener desde el primer día: que el proyecto de Carlos Manzo continúa y que su legitimidad política le pertenece.

El movimiento, que nació como una expresión ciudadana en Uruapan, adquirió una dimensión simbólica tras el homicidio. Su nombre en trámite ante el IMPI subraya una disputa más profunda: ¿quién tiene derecho a representar el legado de Manzo?, ¿la familia?, ¿la estructura política que lo acompañó?, ¿o quienes buscan ocupar su lugar en el nuevo reacomodo local?

Mientras la investigación judicial avanza con nueve detenidos como presuntos autores materiales, la pugna por el control del símbolo político se libra en otro terreno: el de la propiedad intelectual. La marca, de ser otorgada, aseguraría un control exclusivo sobre su uso en campañas, eventos públicos, comunicación política, productos o cualquier expresión vinculada al movimiento.

El proceso ante el IMPI se convirtió así en un espejo del momento que vive Uruapan: un territorio donde la disputa por la autoridad, el relato y el futuro político es tan intensa como la exigencia de justicia. El trámite continúa abierto. La batalla por el nombre del Sombrero, también.