Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa contra Ramón Ángel “N”, alias “R1”, y Jesús “N”, conocido como “El Chuy”, por lo que ambos permanecerán internados en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, en el Estado de México, mientras continúan las investigaciones en su contra.

La audiencia judicial se realizó este fin de semana en un centro de justicia federal, donde la Fiscalía General de la República presentó los elementos de prueba relacionados con su presunta participación en el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

De acuerdo con la acusación, “R1” es señalado como presunto autor intelectual del crimen, mientras que “El Chuy” habría colaborado en la planeación y ejecución de las acciones vinculadas al asesinato ocurrido en Michoacán.

Tras analizar los datos expuestos por el Ministerio Público, el juez determinó vincularlos a proceso y ordenar que continúen sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa debido a la gravedad de los delitos imputados.

La defensa de los acusados solicitó medidas menos restrictivas y cuestionó algunos de los elementos de la investigación, pero la petición fue rechazada por la autoridad judicial.

La captura de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, fue confirmada días atrás por autoridades federales y estatales como parte de un operativo conjunto realizado en el occidente del país. Desde entonces, el caso ha sido considerado una de las investigaciones de mayor relevancia en materia de seguridad en Michoacán.

Por su parte, Jesús “N”, alias “El Chuy”, también fue detenido recientemente y trasladado al penal federal del Altiplano, donde quedó a disposición del juez que lleva el proceso.

El asesinato de Carlos Manzo, quien fue presidente municipal de Uruapan, provocó una fuerte reacción política y social en Michoacán. Las autoridades estatales han sostenido que el crimen estaría relacionado con disputas entre grupos delictivos con presencia en la región.

Con la decisión judicial, ambos imputados permanecerán en el Altiplano, uno de los penales federales de máxima seguridad del país, mientras la Fiscalía complementa la investigación y prepara la siguiente etapa del proceso penal.

El juez fijó un plazo para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la FGR podrá aportar nuevas pruebas, testimonios y peritajes relacionados con el homicidio del exedil uruapense.