La jueza titular del juzgado segundo de distrito en procesos penales federales con sede en Toluca, Raquel Ivette Duarte Cedillo, confirmó la prisión preventiva contra los ocho militares acusados de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, luego de que un colegiado determinó que tenía que analizar la modificación de la prisión oficiosa dictada

La defensa de los militares argumentó que la prisión preventiva no debía ser decretada automáticamente, sino que se debía discutir, sin embargo, la jueza sostuvo que el delito de desaparición forzada, imputado por la Fiscalía General de la República (FGR), ocurrió cuando estaba vigente el sistema penal inquisitivo, por lo que la prisión preventiva debía ser decretada automáticamente.

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La defensa de los militares esperaba que se modificara la prisión preventiva y se ordenara la liberación de sus clientes, argumentando que no existe riesgo de fuga; se basaban en el caso del general Rafael Hernández, quien enfrenta su proceso penal fuera de prisión luego de que un juez de amparo le concediera protección.

La FGR solicitó que declarara un líder del cártel Guerreros Unidos, quien se convirtió en testigo protegido, afirmando que los militares no auxiliaron a los estudiantes para evitar que fueran secuestrados y desaparecidos, y fue ese testimonio lo que llevó a la formal prisión y a la prisión preventiva de los militares.

Los abogados presentaron un recurso de revisión ante el primer tribunal colegiado en materia penal, que ordenó a la jueza revisar la medida cautelar contra los militares y emitir una nueva resolución.

La jueza acató el amparo otorgado por el colegiado a ocho militares, pero ratificó la prisión preventiva contra ellos. Como resultado, los militares continuarán en la cárcel del Campo Militar 1-A, de la Secretaría de la Defensa Nacional.