Autoridades del estado de Florida, en Estados Unidos, reabrieron una investigación criminal contra el exmandatario cubano Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de aeronaves civiles ocurrido en 1996, un incidente que dejó cuatro personas fallecidas y que marcó uno de los episodios más tensos entre Washington y La Habana.

La decisión fue anunciada por autoridades estatales que informaron la reactivación de un expediente que había sido abierto años atrás y posteriormente suspendido. La investigación busca determinar si existen responsabilidades penales por la acción militar que terminó con el derribo de avionetas de la organización Brothers to the Rescue, integrada por exiliados cubanos con base en Miami.

El incidente ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando cazas de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos avionetas civiles tipo Cessna en el estrecho de Florida. En el ataque murieron cuatro personas, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal en Estados Unidos.

Raúl Castro es un dirigente político y militar cubano que fue presidente de Cuba entre 2008 y 2018, tras suceder en el cargo a su hermano, el líder revolucionario Fidel Castro. Durante décadas se desempeñó como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y posteriormente como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, además de ocupar un papel central en el gobierno cubano desde la revolución de 1959.

Familiares de las víctimas y legisladores del sur de Florida han solicitado durante años que se investigue la posible responsabilidad de Castro, quien en ese momento era jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba. Legisladores republicanos reiteraron recientemente la petición de reabrir el caso en el marco del 30 aniversario del derribo, lo que impulsó el nuevo proceso judicial.

Autoridades estatales señalaron que la investigación busca esclarecer si el ataque contra las aeronaves civiles violó leyes estadounidenses y si puede establecerse responsabilidad penal contra funcionarios cubanos por la muerte de ciudadanos vinculados con Florida. La reapertura del caso ocurre en un contexto de renovada presión política de Washington hacia el gobierno cubano y podría derivar en nuevas acciones legales o solicitudes judiciales en el futuro.