En la región purépecha volvió a resonar un señalamiento que lleva meses acumulándose: más de 90 comunidades indígenas denunciaron quedar fuera del Plan Michoacán y de los mecanismos federales de seguridad.

Los pronunciamientos surgieron ante la falta de respuestas a solicitudes que buscan enfrentar el avance de la violencia en sus territorios.

Las comunidades señalaron que no han sido incorporadas a las mesas de trabajo ni a los procesos de diseño de acciones que, en teoría, deberían atender las condiciones particulares de cada zona.

El reclamo también incluye la ausencia de apoyos sociales y la falta de interlocución efectiva con las instancias responsables de la seguridad y el desarrollo comunitario.

De acuerdo con autoridades comunales, la exclusión ha impedido revisar rutas de protección, necesidades de desplazados y situaciones de riesgo detectadas en los caminos, accesos y zonas limítrofes. La preocupación crece en localidades donde los patrullajes son intermitentes y donde el reforzamiento federal o estatal no ha llegado, pese a solicitudes formales.

Mientras tanto, voceros comunitarios han insistido en que la situación no solo compromete la seguridad inmediata, sino que profundiza tensiones históricas por la falta de reconocimiento a sus formas de organización, autogobierno y toma de decisiones.

La demanda central permanece sin cambios: un diálogo directo que permita ser escuchados y participar en la definición de estrategias que impactan su vida cotidiana.