Un total de 40 adolescentes han sido vinculados a proceso en Michoacán entre agosto de 2025 y junio de 2026 por su presunta participación en diversos delitos, una cifra que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), refleja un incremento en la judicialización de casos, pero también evidencia el creciente reclutamiento de menores por parte de grupos del crimen organizado.

El encargado de despacho de la FGE, Israel Vega Rodríguez, advirtió que detrás de estos expedientes existe un fenómeno preocupante: organizaciones delictivas que incorporan cada vez con mayor frecuencia a adolescentes para cometer ilícitos de alto impacto.

Como ejemplo, el funcionario citó el caso registrado recientemente en Zamora, donde un adolescente de 15 años fue detenido por su presunta participación en un ataque armado contra otros dos menores de edad, agresión en la que uno de ellos perdió la vida. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el joven presuntamente operaba bajo las órdenes de una célula criminal con presencia en la región.

Vega Rodríguez explicó que antes de agosto de 2025 era poco común que las carpetas de investigación en las que estaban involucrados menores de edad llegaran a judicializarse. No obstante, señaló que actualmente la Fiscalía busca aplicar el sistema especializado de justicia para adolescentes, con el propósito de que quienes cometan delitos enfrenten las consecuencias legales correspondientes, sin dejar de respetar las garantías previstas para este sector de la población.

De los 40 adolescentes procesados, 21 permanecen bajo la medida cautelar de internamiento preventivo. Según la Fiscalía, los jueces especializados han impuesto periodos de reclusión que van de uno a tres años (el máximo permitido por la legislación en materia de justicia para adolescentes) en investigaciones relacionadas con delitos como homicidio calificado, secuestro agravado, violación equiparada y delitos contra la salud.

En contraste, los otros 19 menores enfrentan sus procesos en libertad bajo medidas cautelares. Entre las condiciones impuestas se encuentran la libertad asistida con supervisión de padres o tutores, la prohibición de acercarse a las víctimas, la obligación de acudir periódicamente a firmar ante la autoridad judicial y la asistencia a tratamiento psicológico orientado al control de conductas agresivas.

Las autoridades estatales reconocieron que el aumento de adolescentes involucrados en actividades delictivas representa un reto para las instituciones de procuración de justicia, al tiempo que insistieron en la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención para evitar que menores de edad sean captados por organizaciones criminales.