El riesgo de que niñas, niños y adolescentes sean reclutados por grupos del crimen organizado continúa como un fenómeno creciente en siete estados del país, y se consolida como uno de los problemas más graves y menos documentados de la violencia contemporánea en México.
Diversos análisis señalan que menores desde los 11 años ya se encuentran en rutas de captación utilizadas por organizaciones delictivas en regiones con altos niveles de violencia. El fenómeno no solo involucra la participación directa en homicidios o tareas armadas, sino también labores de vigilancia, trasiego, traslado de información y control territorial.
La especialista en seguridad Lorena Cortés Villaseñor, autora del libro Los hijos de la violencia y el narco en Michoacán, ha reiterado que el caso ocurrido tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, representa un punto de inflexión. El presunto autor material, un joven de 17 años, evidencia la capacidad de los grupos criminales para captar, manipular y utilizar a menores de edad como operadores directos, incluso en ataques de alto impacto.
En regiones de Sonora, Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Estado de México y Oaxaca, diversos organismos han documentado patrones similares de reclutamiento infantil. Algunos de estos estados registran presencia prolongada de células criminales que han consolidado estructuras capaces de presionar a comunidades enteras. La combinación de pobreza, marginación, desplazamiento forzado y la ausencia de instituciones sólidas genera condiciones propicias para la cooptación.
El caso de Michoacán es especialmente delicado: no existe una cifra oficial que dimensione el número de menores involucrados o reclutados por estas estructuras. La falta de estudios integrales permite que el fenómeno avance sin un diagnóstico claro. Organizaciones civiles han advertido que la violencia en zonas como Tierra Caliente, el Oriente y la región Bajío facilita la incorporación de adolescentes que ven en los grupos criminales una salida económica, un espacio de pertenencia o una forma de protección.
La participación de menores en hechos violentos deja consecuencias sociales profundas para familias, comunidades y para la seguridad regional. Los adolescentes reclutados suelen quedar atrapados entre la presión del crimen y la incapacidad del Estado para ofrecer alternativas o mecanismos de protección.
En Michoacán ya se discute en el Congreso una iniciativa para imponer penas de prisión a adultos que utilicen a menores en delitos, así como mecanismos más estrictos para combatir la impunidad en hechos cometidos por adolescentes reclutados por grupos criminales. Para especialistas, sin embargo, legislar es solo una parte del reto: se requiere investigación, políticas de prevención y una red de protección que esté verdaderamente presente en los territorios donde los grupos operan.