El Congreso de Michoacán enfrenta un ajuste presupuestal que podría alcanzar hasta 420 millones de pesos como efecto de la propuesta federal conocida como Plan B, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que ya encendió alertas al interior del Poder Legislativo estatal por sus implicaciones inmediatas.

El presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García, confirmó que el recorte obligaría a tomar decisiones estructurales. Entre ellas, el despido de hasta 400 trabajadores, una cifra que representa un ajuste directo sobre la base operativa del Congreso.

El impacto no se limitaría a la nómina. De acuerdo con lo planteado por el legislador, el escenario contempla la desaparición de áreas completas, la cancelación de contratos y convenios, incluidos los relacionados con medios de comunicación, así como una revisión a las percepciones económicas de los propios diputados.

Actualmente, el Congreso del Estado opera con un presupuesto cercano a los mil 200 millones de pesos. A esto se suman aproximadamente 300 millones asignados a la Auditoría Superior de Michoacán, instancia que, aunque con autonomía técnica, también podría resentir efectos indirectos ante la reducción global de recursos.

El ajuste deriva de la fórmula presupuestal incluida en el Plan B federal, que plantea topes al gasto de los congresos locales con base en criterios de población y lineamientos de austeridad. Este rediseño implica una disminución significativa en entidades con estructuras legislativas amplias, como es el caso de Michoacán.

Al interior del Congreso, el tema ya comenzó a generar tensión. Legisladores y áreas administrativas analizan escenarios de contención mientras se define el alcance real del recorte y su aplicación. Por ahora, no existe un calendario oficial de implementación, pero la advertencia sobre posibles despidos masivos ya colocó el tema en el centro de la discusión política estatal.