Más de 20 mil niños migrantes que llegaron solos a Estados Unidos quedaron en riesgo de perder la representación legal que recibían en sus procesos migratorios, después de que la administración de Donald Trump puso fin a un contrato federal con una red de organizaciones especializadas.
El acuerdo terminó el 31 de julio de 2026 y afectó a una red de casi 100 proveedores de servicios legales que atendían a menores no acompañados. Los abogados proporcionaban orientación sobre sus derechos y representación ante tribunales migratorios.
La terminación del contrato generó un periodo de incertidumbre para miles de menores que enfrentan procesos de deportación. Las organizaciones que anteriormente llevaban sus casos señalaron que muchos niños podrían tener dificultades para continuar sus procedimientos sin asistencia especializada.
La administración federal posteriormente anunció nuevos acuerdos para cubrir parte de la demanda. Entre ellos se encontraba un contrato de hasta 150 millones de dólares con una firma de Texas, decisión que generó cuestionamientos entre organizaciones dedicadas a la defensa de migrantes debido a su experiencia limitada en materia de inmigración. La firma posteriormente rechazó el contrato.
El Gobierno estadounidense sostiene que los cambios buscan modificar el sistema de servicios para menores migrantes y reducir gastos federales. Legisladores y organizaciones defensoras han cuestionado el proceso utilizado por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados para sustituir a los proveedores anteriores y han solicitado revisar cómo se garantizará la representación de los menores.
La situación también ha llevado a algunos estados a destinar recursos propios. En Nueva York, por ejemplo, el Gobierno estatal anunció 7.25 millones de dólares para proporcionar asistencia legal a aproximadamente mil 400 menores no acompañados con procesos de expulsión activos.
Los menores migrantes no tienen garantizado automáticamente un abogado público en los tribunales migratorios, por lo que la disponibilidad de estos servicios depende de los programas de asistencia establecidos por el Gobierno y otras instituciones.