La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT) advirtió sobre posibles afectaciones a comunidades indígenas de San José Chiapa y la Cuenca Libres Oriental por la instalación de los llamados Polos del Bienestar.
La organización señaló que el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Futura Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad, Puebla (PODECOBI) y el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla (PODECIBI) implican una transformación territorial que podría repercutir en el acceso al agua, los ecosistemas, la salud y las actividades agrícolas.
El PODECOBI fue establecido inicialmente sobre 275.2 hectáreas en San José Chiapa y Nopalucan, aunque una modificación posterior redujo la superficie a 217.68 hectáreas. El PODECIBI contempla 40.428 hectáreas en San José Chiapa.
La Red TDT cuestionó que el avance de estos proyectos se realice sin mecanismos suficientes de información, consulta y participación comunitaria. También señaló que persisten dudas sobre el acceso a estudios y autorizaciones ambientales relacionados con las obras.
Ante ello, pidió a los gobiernos federal y estatal suspender cualquier proceso que pueda afectar los derechos de las comunidades hasta garantizar una participación efectiva y transparente.
A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicitó publicar las manifestaciones de impacto ambiental y demás instrumentos relacionados, además de transparentar los posibles efectos acumulativos sobre agua, suelo, aire, biodiversidad, salud y territorio.
El colectivo también expresó preocupación por presuntos actos de hostigamiento e intimidación contra integrantes del Movimiento en Defensa del Agua, la Vida y la Tierra de San José Chiapa y otras personas defensoras.
La Red TDT pidió al Gobierno de Puebla y a la Fiscalía General del Estado evitar cualquier forma de criminalización de quienes participan en la defensa del agua y el territorio, así como garantizar condiciones para la protesta y organización comunitaria.
Finalmente, llamó a organismos de derechos humanos y a la sociedad civil a vigilar la situación y documentar posibles vulneraciones relacionadas con los proyectos.