La reforma al Código Penal para el Combate de la Extorsión incluye la modificación que la equipara con el delito de secuestro, con lo que se eleva la pena de 15 a 25 años de prisión y se persigue de oficio en caso de ser detectada alguna afectación a alas actividades productivas o económicas.

La reforma incluye la persecución a este delito cuando es cometido por medios electrónicos o nuevas tecnologías, y también precisa que los servidores públicos denuncien con inmediatez la probable existencia de esta infracción.

Estos cambios han dado como resultado el aumento de las denuncias, lo que significa el crecimiento de la confianza en la ciudadanía, ya que las investigaciones se enfocan en las actividades productivas, algo que no ocurría anteriormente.

El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, aseguró que el personal que atiende estas denuncias está calificado y es más eficiente para actuar en consecuencia ante cualquier caso que se presente.

Torres Piña aseveró que “no hay un precedente con estas características en ninguna entidad”, y manifestó que a unos meses de su entrada en vigor, ya se han logrado detenciones con castigos más severos para los infractores.