Una vez que la reforma al Poder Judicial sea aprobada por el Congreso de la Unión, los poderes legislativos de cada estado del país tendrán hasta seis meses para homologar sus leyes.

Los legisladores locales deberán atender en breve asuntos que van desde la reducción de los salarios de jueces y magistrados, hasta cuestiones operativas en materia de seguridad.

El senador y diputado federal electo, Ricardo Monreal, sostuvo, en su gira de trabajo por Michoacán, que aún con los foros de consulta y diálogo que se celebran a nivel nacional, el avance de la reforma es inminente en las cámaras, destacando la importancia de que los estados estén listos para homologar sus propias legislaciones tal como lo manda la Constitución.

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Además de la reforma al Poder Judicial, hay al menos otras cinco reformas legislativas federales en trámite que también tendrán un plazo similar para que los legisladores locales las atiendan.

“Tenemos que combatir la compra de la justicia al mejor postor. Vamos al fondo porque cada vez están más cerradas las vías de acceso a la justicia. Creemos que esta reforma combatirá esas lacras; no permitiremos que el Poder Judicial se amorcille y continúe con la corrupción como una práctica natural”, explicó.

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció el respaldo total al paquete de reformas presentado el 5 de febrero pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión.

Enfatizó que, si bien el ejecutivo no tiene competencia en la reforma, sí abonarán a la narrativa política de avanzar hacia la justicia al alcance de la ciudadanía.