Una propuesta de reforma a la Constitución de Michoacán en materia ambiental apunta a cerrar el paso al mercado ilegal de predios agropecuarios, una práctica que por años ha favorecido la deforestación y el cambio irregular de uso de suelo, particularmente para el establecimiento de huertas.

La iniciativa plantea que toda compraventa de terrenos agrícolas esté sujeta a una revisión obligatoria de su situación ambiental. En la práctica, esto implicará que, durante las transmisiones de dominio, los notarios deberán verificar si el predio cuenta con denuncias ambientales vigentes antes de concretar la operación.

De acuerdo con autoridades ambientales estatales, el objetivo es que los posibles compradores tengan conocimiento previo de cualquier irregularidad ecológica relacionada con el terreno y, con ello, evitar transacciones que perpetúen daños al medio ambiente. La medida busca advertir desde el inicio sobre predios con problemas legales o ambientales, desincentivando su adquisición.

El planteamiento surge en respuesta a prácticas detectadas en años recientes, en las que particulares adquirían terrenos forestales o agropecuarios, los deforestaban para cambiar su uso por ejemplo, para sembrar aguacate y posteriormente los revendían a precios elevados, pese a las afectaciones ecológicas generadas.

Con el apoyo de herramientas como el sistema del Guardián Forestal, las autoridades han identificado zonas con deforestación ilegal, muchas de las cuales no cumplen con los requisitos para la exportación de sus productos. La reforma pretende reforzar este control mediante reglas más estrictas en la compraventa de tierras, ofreciendo mayor certeza jurídica y cerrando espacios a la especulación ambiental.

De aprobarse, la iniciativa representaría un cambio significativo en la forma en que se comercializan los predios agropecuarios en Michoacán, al vincular directamente las operaciones inmobiliarias con el cumplimiento de la normatividad ambiental.