La iniciativa de reforma al Poder Judicial establece que la elección de jueces y magistrados se realizará el 4 de junio de 2028, en una jornada que podrá coincidir con elecciones federales o locales, así como con el ejercicio de revocación de mandato, con el objetivo de reducir costos y evitar duplicidad de procesos electorales.

El proyecto contempla que la elección se realice mediante voto libre, directo y secreto de la ciudadanía inscrita en la lista nominal, además de incorporar mecanismos de depuración de aspirantes mediante insaculación pública, con el fin de reducir el número de candidaturas en las boletas.

La propuesta ratifica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará integrada por nueve ministras y ministros, y funcionará en Pleno y en dos secciones, además de establecer que la presidencia del máximo tribunal se renovará cada dos años de forma rotatoria conforme a la votación obtenida por las candidaturas.

El documento también plantea la creación de comités de evaluación en cada uno de los tres Poderes de la Unión, integrados por especialistas en materia jurídica, los cuales seleccionarán perfiles que posteriormente serán coordinados por una comisión conjunta para definir las candidaturas finales.

Cada poder postulará aspirantes a los cargos en disputa, incluyendo al Poder Ejecutivo a través de la Presidencia de la República, al Poder Legislativo mediante votación calificada en ambas cámaras, y al Poder Judicial a través del pleno de la Suprema Corte, bajo criterios de paridad de género en la integración de las listas.

La iniciativa incorpora ajustes al mecanismo de revocación de mandato para permitir su realización de forma concurrente con elecciones ordinarias, con el argumento de optimizar recursos públicos y fortalecer la participación ciudadana en los procesos electorales.

El proyecto también establece que el Instituto Nacional Electoral será responsable de los cómputos, la publicación de resultados y la entrega de constancias de mayoría, mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá las impugnaciones correspondientes.

Entre los cambios adicionales se incluye la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que deberá emitir su reglamento interno en un plazo de 30 días tras la entrada en vigor de la reforma, así como la implementación de programas permanentes de capacitación para personas juzgadoras.

La propuesta será discutida en la Cámara de Diputados tras su envío a la Comisión de Puntos Constitucionales.