En medio de la disputa legal por un predio en Cuajimalpa, integrantes del Refugio Franciscano A.C. acusaron que el desalojo de sus instalaciones fue motivado por intereses económicos y no por el bienestar de los animales que albergaban. En un comunicado hicieron énfasis en que el operativo del 10 de diciembre pasado pretendía retirar a los perros y gatos del lugar para concretar la entrega del inmueble al banco Ve Por Más, al que, según los representantes de la organización, fue vendido en 2020 en contra de lo estipulado en el testamento de su fundador.

El desalojo fue ejecutado por la Fundación Haghenbeck y su presidenta, a quien el refugio responsabilizó de llevar a cabo “un montaje” bajo la mirada de autoridades, con el objetivo de que el terreno fuera liberado para su entrega al banco. El predio había albergado durante más de 47 años a la organización y en él se albergaban más de mil 100 perros y más de 30 gatos, que desde entonces han sido reubicados en distintos refugios de la ciudad.

Tras el operativo, los conteos internos realizados por el Refugio Franciscano muestran que el número de animales bajo su cuidado se redujo a 759, con lo que miles de perros y gatos quedaron fuera de las instalaciones históricas donde eran atendidos.

El abogado del Refugio Franciscano, Fernando Pérez Correa, sostuvo que la venta del terreno al banco Ve Por Más contraviene el testamento del empresario Antonio Haghenbeck y de la Lama, fundador del refugio, que destinaba ese espacio exclusivamente para la protección de animales. El conflicto legal ha generado movilizaciones de grupos animalistas que exigen la restitución del predio y el regreso de los animales a su cuidado original.

El caso ha estado rodeado de otras denuncias y acciones relacionadas con el refugio y las autoridades ambientales. Representantes de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama han señalado que el Refugio Franciscano enfrenta sanciones económicas por vertimiento de residuos orgánicos a la barranca Echanove, aunque dichas multas impuestas por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial aún no han sido ejecutadas oficialmente.

Autoridades de la Ciudad de México también han intervenido en el resguardo de los animales tras denuncias de maltrato y condiciones adversas en las instalaciones, y se ha trasladado a cientos de perros y gatos a espacios gestionados por la administración capitalina y asociaciones civiles para garantizar su atención veterinaria.

Distintas versiones sobre el conflicto por la propiedad del inmueble y el estado de los animales han circulado desde finales de 2025, mientras continúa la disputa legal para definir el futuro del predio y de los ejemplares que fueron afectados por el desalojo.