Al corte de noviembre de 2023, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las  Mujeres en Razón de Género a 360 personas que fueron señaladas por conductas como limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres.

Ese registro nació durante las elecciones 2020-2021, como una herramienta que busca inhibir este tipo de violencia, facilitar la cooperación entre instituciones y ser una lista de consulta previo al registro de candidaturas.

Sin embargo, el estar en el registro no limita a ningún ciudadano a contender por un cargo público. Al ser de carácter administrativo, el estar inscrito en el registro sí puede implicar el pago de una multa económica, pero no supone un impedimento adicional a la sanción emitida por el órgano electoral.

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Estar inscrito no limita a ninguna persona a contender por un cargo de elección popular, o el cese de funciones, en caso de ocupar un cargo público.

De las 360 personas inscritas, el 47.78 % (172) no recibieron ningún tipo de sanción; el 30.83 % (111) obtuvo una multa económica; el 15 % (54) una amonestación pública; y el 1.11 % (4) un apercibimiento.

La mayoría de las personas sancionadas ocupan el cargo de presidente municipal (20%), seguido de periodistas (18.18%), ciudadanos (17%) y funcionarios de partidos (8%).

Los estados con mayor incidencia son Oaxaca con 118 personas residentes registrados, Veracruz con 43, Tabasco con 30, Chiapas con 21 y Baja California con 16.

De acuerdo con el INE, la violencia política contra las mujeres afecta el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas, así como a su desarrollo en la escena política o pública, subir de puesto al interior de sus partidos políticos, o en el propio ejercicio de un cargo público.