Al menos 512 personas privadas de la libertad han muerto en centros penitenciarios de El Salvador desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022, de acuerdo con un informe de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), retomado por medios internacionales.

El reporte señala que las muertes han sido documentadas en distintos centros carcelarios del país, entre ellos Izalco y Mariona, y se suman a un contexto de detenciones masivas impulsadas como parte de la estrategia de seguridad del gobierno salvadoreño. De acuerdo con la organización, una parte importante de los fallecimientos estaría relacionada con violencia dentro de los penales, así como con falta de atención médica y condiciones de reclusión.

Medios internacionales han indicado que el régimen de excepción, vigente desde 2022, ha permitido la detención de decenas de miles de personas acusadas de pertenecer a pandillas, en el marco de una política de seguridad que ha sido objeto de señalamientos por parte de organizaciones de derechos humanos y expertos internacionales.

El informe de SJH también ha advertido que la mayoría de las personas fallecidas no contaría con vínculos comprobados con estructuras criminales, y que los casos incluyen denuncias de posibles abusos, tortura y negligencia dentro del sistema penitenciario.

Autoridades salvadoreñas no han emitido una respuesta detallada sobre el nuevo recuento de muertes, mientras organismos internacionales mantienen el seguimiento a la situación del sistema carcelario en el país.