Michoacán evalúa una iniciativa que busca endurecer la respuesta institucional frente a los delitos sexuales mediante la creación de un Registro Público Estatal de Personas Agresoras Sexuales. La propuesta fue presentada ante el Congreso local y plantea un sistema que concentre información de individuos con sentencia firme por conductas de índole sexual, con el objetivo de prevenir reincidencias y fortalecer la seguridad en espacios educativos, laborales y comunitarios.

La medida establece que quienes cuenten con una condena permanecerían en el registro durante el tiempo que dure su sentencia y hasta diez años después de haberla cumplido. El mecanismo se alinea con los criterios de la política conocida como “3 de 3 contra la violencia”, que impide a personas agresoras ocupar cargos públicos o posiciones de decisión.

El planteamiento incluye ajustes al Código Penal y a diversas leyes estatales para asegurar que las sentencias sean notificadas y que la base de datos pueda consultarse sin comprometer información personal sensible. De aprobarse, Michoacán se uniría a un número reducido de entidades del país que cuentan con un instrumento de este tipo, concebido como herramienta preventiva y de transparencia.

La propuesta también busca ofrecer a instituciones educativas, centros laborales, autoridades municipales y ciudadanía una vía para verificar antecedentes relacionados con violencia sexual antes de incorporar a una persona a espacios de riesgo.

Con ello se pretende enfrentar la impunidad, reforzar la justicia restaurativa y avanzar hacia entornos donde mujeres, niñas, niños y adolescentes cuenten con mayores garantías de seguridad.