Renovación en la Consejería Jurídica: Esthela Damián Peralta asume la titularidad ante el Ejecutivo Federal
evangelio | 18 diciembre, 2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha designado oficialmente a Esthela Damián Peralta como la nueva titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Este nombramiento se produce tras la salida de Ernestina Godoy, quien dejó el cargo para asumir la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de la destitución de Alejandro Gertz Manero. Con este movimiento, la administración federal busca consolidar un equipo jurídico de alta confianza y con una visión alineada a las prioridades de justicia y legalidad de la actual gestión.

 

Damián Peralta cuenta con una trayectoria destacada dentro del servicio público y una relación profesional cercana con la mandataria nacional, habiéndose desempeñado anteriormente como su secretaria particular durante su jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Antes de este nuevo encargo, fungió como subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde fue responsable de coordinar las estrategias enfocadas en atender las causas estructurales de la inseguridad en el país.

 

El Gobierno de México resaltó, a través de un comunicado oficial, que la formación como abogada de la nueva consejera se ha caracterizado por un enfoque integral del derecho, combinando la técnica jurídica con una visión social y de derechos humanos. Su experiencia abarca los ámbitos legislativo y administrativo, lo que le otorga las herramientas necesarias para conducir la defensa legal de la Presidencia y la revisión de proyectos de ley en un periodo de importantes reformas constitucionales.

 

Con la llegada de Esthela Damián a la Consejería Jurídica, el gabinete presidencial refuerza su estructura operativa con una colaboradora experimentada en la administración pública. Su labor será fundamental para dar continuidad a la agenda jurídica del Ejecutivo y asegurar que las políticas públicas del Gobierno de México cuenten con el sustento legal requerido para su implementación efectiva en todo el territorio nacional.

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