Anallely López Hernández, delegada regional de la Secretaría de Bienestar en Puebla, presentó su renuncia luego de que su nombre apareciera vinculado a un presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido recientemente en un operativo federal. La funcionaria, quien encabezaba la microrregión 8 con sede en Libres, anunció su separación del cargo en medio del creciente escándalo que involucra a funcionarios locales en presuntas redes de protección a grupos criminales.
De acuerdo con reportes oficiales, la renuncia fue presentada de manera “voluntaria”, aunque se produjo pocos días después de que trascendiera que López Hernández mantenía cercanía con Nazario Ramírez Ramírez, alias “El 20”, señalado como operador financiero del CJNG en el centro del país. El presunto vínculo habría sido detectado a raíz de fotografías y registros de comunicación difundidos tras el operativo en que el capo fue capturado en Guadalajara el pasado 14 de octubre.
Fuentes federales confirmaron que la Secretaría de Bienestar inició una revisión interna para verificar posibles nexos entre funcionarios y personas bajo investigación. La dependencia aseguró que los programas sociales en la región continuarán operando con normalidad y que se reforzarán los filtros de selección en cargos regionales.
La exdelegada negó públicamente cualquier relación con el detenido, aunque en redes sociales se viralizaron imágenes en las que presumía autos de lujo, viajes y propiedades, lo que generó cuestionamientos sobre el origen de sus recursos. Su caso se suma a una serie de episodios recientes en los que servidores públicos estatales y federales han sido investigados por presuntos vínculos con organizaciones delictivas.
El episodio pone en evidencia la vulnerabilidad de los programas sociales frente a la infiltración criminal, un problema que ha sido advertido por especialistas en seguridad desde hace años. En estados con altos índices de pobreza y presencia de grupos armados, el control territorial del bienestar social se ha convertido en una herramienta de influencia política y económica.
La Secretaría de Bienestar no ha informado quién asumirá el cargo vacante, mientras la Fiscalía General de la República mantiene abiertas las indagatorias sobre las conexiones locales del grupo detenido en Jalisco. En el trasfondo, la renuncia de López Hernández revive el debate sobre la permeabilidad del Estado ante el crimen organizado y la urgencia de depurar los espacios donde la política social se cruza con los intereses del poder criminal.