La dimisión de Adrián Guadalupe Aguirre, primer juez federal en México elegido por voto popular, abre una grieta en el experimento más ambicioso de democratización judicial que ha intentado el país en décadas. Aguirre, quien había asumido el cargo apenas el 1 de septiembre en el Centro de Justicia Penal de Puente Grande, renunció tras poco más de dos meses en funciones, dejando en el aire tanto su gestión como el futuro del modelo que lo llevó al estrado.

Aguirre fue electo por más de 36 mil votos, en un proceso promovido por el Poder Ejecutivo federal para acercar el sistema de justicia a la ciudadanía. Su nombramiento fue simbólico: representaba el intento de abrir el Poder Judicial a la rendición de cuentas pública, en una era donde la legitimidad de los jueces ha sido cuestionada por sus vínculos con élites políticas y económicas.

Sin embargo, su renuncia ocurre en un escenario especialmente sensible. El juez estaba asignado al centro de justicia más vigilado del país, Puente Grande, en Jalisco, el mismo complejo penitenciario del que se fugó Joaquín “El Chapo” Guzmán y que fue parcialmente clausurado en 2020 tras múltiples irregularidades. Ese contexto, sumado a la alta exposición mediática de su cargo, habría generado presiones que finalmente lo llevaron a presentar su separación voluntaria.

Fuentes judiciales señalan que Aguirre habría enfrentado cuestionamientos internos y sobrecarga procesal, además de un ambiente institucional poco preparado para un juez electo bajo reglas distintas a las tradicionales. Su salida deja en evidencia una tensión de fondo: ¿puede la justicia ser verdaderamente democrática en un sistema que no está diseñado para ello?

Aunque la Secretaría de Gobernación aseguró que su dimisión no significa el fracaso del modelo, expertos en derecho constitucional advierten que el caso Aguirre será recordado como la primera gran prueba del experimento. Un intento, todavía inconcluso, por llevar a las urnas lo que durante años se ha decidido entre despachos cerrados.