El gobierno de Sinaloa enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades en un contrato por 356 millones de pesos adjudicado por el Sistema DIF estatal, en un caso que ha generado cuestionamientos sobre los procesos de contratación y la operación de la dependencia, actualmente encabezada por una hija del gobernador Rubén Rocha Moya, de acuerdo con reportes difundidos en medios nacionales.

Las observaciones se centran en inconsistencias relacionadas con la empresa proveedora, así como en el proceso de asignación del contrato para la adquisición de insumos, lo que ha motivado críticas sobre la transparencia y la supervisión en el uso de recursos públicos destinados a programas de asistencia social. Los reportes señalan que las características de la compañía y su capacidad operativa han sido puestas en duda, lo que derivó en la revisión pública del caso.

Ante estos señalamientos, el gobernador Rubén Rocha Moya defendió la legalidad del contrato y el desempeño del DIF estatal, asegurando que no existen irregularidades en la adjudicación ni en la ejecución del gasto, y sostuvo que la dependencia ha actuado conforme a la normatividad vigente en la implementación de sus programas.

El caso se mantiene bajo atención pública y mediática, mientras se espera que las autoridades correspondientes revisen los procedimientos administrativos y determinen si existen responsabilidades derivadas de las observaciones señaladas en torno al contrato.