Después del hallazgo de un rancho en Jalisco donde presumiblemente se adiestraron y asesinaron a cientos de personas, han resurgido en redes sociales las peticiones para prohibir o al menos dejar de escuchar narcocorridos, pues hay quienes consideran que su apología al delito solo abona a la descomposición social del país y traza retorcidos ideales sobre todo entre la niñez y juventud.

En redes como Facebook, X y TikTok abundan los usuarios que tocan el tema y generan opiniones en pro y en contra, ya que también hay quienes creen que nada se va a solucionar con censuras a la música y que no se ha probado que la popularidad de este subgénero este directamente relacionada con la comisión de delitos.

Hay entidades como Nayarit, Baja California, Sinaloa, Chihuahua y Quintana Roo donde autoridades han limitado la difusión de corridos que aluden al crimen, ya sea en conciertos, bailes o a través de estaciones de radio y programas de televisión.

El pasado 7 de febrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se manifestó en contra de censurar esta música y prefirió invitar a sus compositores a evitar la apología del delito, además de sugerir campañas de concientización para evitar letras que violenten a la mujer.

“No estoy de acuerdo en prohibir, estoy de acuerdo en la concientización, en la educación, en abrir nuevas formas de corridos tumbados, que no tengan nada que ver con enaltecer la violencia, las drogas o la discriminación a las mujeres”, señaló en su conferencia en Palacio Nacional.

En el libro “Economías de las Músicas Norteñas”, de la editorial Casa Chata, los académicos César Burgos, Helena Simonett y David Moreno Candil definen al narcocorrido como un género “que narra historias, reales o ficticias, sobre la producción, el consumo y el tráfico de drogas; también sobre historias, estilos de vida y hazañas de narcotraficantes, autoridades y otros actores implicados en el trasiego de sustancias. Las canciones describen acontecimientos violentos, conflictos, enfrentamientos y disputas territoriales entre los cárteles”.

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Además, recuerdan que las primeras medidas legales de censura se aplicaron en Sinaloa en 1987, estrategia que en su momento se justificó “para proteger a la juventud, disminuir los índices de violencia y controlar el narcotráfico”.

En el ensayo “Violencia y juventudes en México. Reflexiones en torno al caso sinaloense”, Juan Antonio Fernández y María del Rosario Romero recuerdan que en los últimos años la cultura de la violencia “se ha exaltado por la difusión de la vida de lujos que poseen los líderes y miembros de la delincuencia organizada, lo que atrae la atención de los menores, restando los efectos reales de lo que implica este tipo de delincuencia”.

Añaden que la imitación y el deseo de convertirse en uno de ellos se hace presente, lo que han denominado la narcocultura, entendida como una subcultura que involucra prácticas sociales, costumbres, hábitos, formas de identificación y de relaciones, modos de manifestarse, de vincularse a objetos culturales de uso y consumo.

Al menos en Sinaloa, subrayan, el fenómeno de la narcocultura “no sólo se limita a la presencia de los cárteles de drogas en la región, sino que se extiende a diversos aspectos de la vida cotidiana, incluyendo la música, la moda, y la percepción del poder y la riqueza”.

En Michoacán no hay leyes que prohíban la difusión de narcocorridos, pero el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se ha manifestado en contra de su impulso, argumento que ha utilizado para convertir a la antigua Expo Feria en el Festival Michoacán de Origen, así como negarse a incluir este tipo de artistas en los conciertos etiquetados como Festival ¡Jalo!