En un movimiento que sacude el tablero político de Estados Unidos en la víspera de Año Nuevo, el presidente Donald Trump anunció el retiro de la Guardia Nacional de las ciudades de Los Ángeles, Chicago y Portland. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense justificó la salida de las tropas federales, pero lanzó una advertencia sombría al asegurar que las fuerzas de seguridad regresarán con una potencia significativamente mayor en el futuro si los índices de criminalidad en estas metrópolis vuelven a descontrolarse. Este anuncio marca un punto de inflexión en la tensa relación entre la Casa Blanca y los gobiernos locales, que habían convertido la presencia de los uniformados en un campo de batalla legal y político desde el inicio del despliegue.

El repliegue no es solo una decisión política, sino la respuesta directa a una serie de bloqueos en los tribunales impulsados por alcaldes y gobernadores del Partido Demócrata. El golpe más contundente provino de la Corte Suprema, que en el caso específico de Chicago determinó que el Ejecutivo carece de autoridad para federalizar tropas con el fin de ejecutar leyes civiles, a menos que existan circunstancias extremas como una invasión extranjera o una rebelión total. A pesar de este retroceso en las costas y en el norte, la administración republicana ha decidido mantener y reforzar la presencia militar en ciudades como Washington D. C., Memphis y Nueva Orleans, donde las tropas federales patrullarán las celebraciones de Año Nuevo bajo el argumento de garantizar la seguridad nacional.