La reunión convocada por Omar García Harfuch para atender la crisis del limón en Michoacán comenzó sin sus protagonistas.

En Apatzingán, la mesa de diálogo se quedó vacía. Los productores citrícolas decidieron no asistir en señal de inconformidad por lo que califican como una simulación de diálogo y por la falta de resultados ante la violencia que enfrentan desde hace meses.

El encuentro pretendía definir estrategias conjuntas de seguridad y reactivación económica para el sector, uno de los más golpeados por la extorsión y el control del crimen organizado. Pero la ausencia de los principales actores evidenció el distanciamiento entre autoridades y productores, así como el desgaste de la relación entre el gobierno federal y quienes mantienen a flote la economía agrícola de Tierra Caliente.

Integrantes del Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán y activistas locales señalaron que los agricultores han sido sistemáticamente excluidos de los procesos de decisión, pese a ser ellos quienes enfrentan las cuotas y amenazas impuestas por grupos criminales. “El gobierno dialoga con todos, menos con quienes ponen el trabajo y arriesgan la vida”, afirmó uno de los participantes del observatorio.

El desencuentro ocurre apenas quince días después del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero y voz representativa del sector, cuyo crimen marcó un punto de quiebre en la relación entre productores y gobierno. Desde entonces, las denuncias por amenazas, cobros ilegales y desplazamientos forzados se han multiplicado en Buenavista, Tepalcatepec y Apatzingán.

Durante el último fin de semana de octubre, dos personas fueron asesinadas en hechos vinculados a la extorsión, lo que elevó la alerta en una región donde los trabajadores del campo viven bajo vigilancia permanente. Según estimaciones del sector, las pérdidas acumuladas por la violencia y los cobros de piso superan los cuatro mil millones de pesos en los últimos dos años, afectando a productores, empacadoras y transportistas.

Organizaciones civiles y cooperativas agrícolas urgieron al gobierno federal a establecer una estrategia integral, que no se limite a operativos temporales, sino que recupere la cadena productiva del limón desde la protección de los trabajadores hasta la exportación.

Mientras las mesas de trabajo siguen sin los protagonistas del campo, la región limonera enfrenta el reto de recuperar no solo su producción, sino la confianza en un Estado que promete seguridad, pero rara vez llega al terreno.