Los ataques contra tres embarcaciones pesqueras ecuatorianas en aguas del Pacífico, entre enero y marzo de 2026, estarían vinculados con una operación encubierta de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), según una investigación publicada este jueves.

Una fuente con conocimiento de los hechos señaló que las agresiones formarían parte de un programa de acción encubierta, una modalidad que requiere autorización presidencial y permite mantener en secreto la participación del gobierno estadounidense.

Uno de los casos corresponde al pesquero Fiorella, que desapareció el 20 de enero con ocho de sus tripulantes, cuyo paradero continúa sin conocerse. Las otras dos embarcaciones, La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, fueron atacadas con drones el 17 y 26 de marzo, respectivamente.

Sobrevivientes de ambos ataques relataron que, después de las agresiones, fueron trasladados a una embarcación azul y blanca donde hombres armados que hablaban inglés los retuvieron y posteriormente los entregaron a la Guardia Costera de El Salvador. Los pescadores negaron tener vínculos con el narcotráfico.

Una investigación de Human Rights Watch entrevistó a 13 sobrevivientes y encontró indicios de una posible participación o conocimiento de autoridades estadounidenses. La organización también señaló que Estados Unidos y Ecuador deben investigar de manera transparente los ataques y determinar quién estuvo detrás de ellos.

El Departamento de Defensa y la Guardia Costera de Estados Unidos han negado haber participado en los ataques o tener conocimiento de ellos. Tampoco se ha establecido públicamente quién operó los drones que impactaron las embarcaciones.

Los reportes sobre el caso señalan además que aeronaves con equipos especializados de vigilancia volaron desde El Salvador hacia las zonas donde se encontraban los barcos. Registros de seguimiento y comunicaciones fueron utilizados para reconstruir parte de los movimientos previos a los ataques.

La desaparición del Fiorella y las agresiones contra las otras dos embarcaciones permanecen bajo investigación, mientras organizaciones de derechos humanos han exigido explicaciones a los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador.