Michoacán arrastra medio siglo de crecimiento agrícola sin control fino sobre el uso del agua. El resultado es un mapa de concesiones, pozos y ollas de captación que ya no coincide con la disponibilidad real de los acuíferos ni con las necesidades de las comunidades que padecen escasez. Ante este escenario, autoridades federales y estatales anunciaron que en 2026 iniciará una revisión integral del uso agrícola del agua en la entidad.

La Comisión Nacional del Agua reconoce más de treinta mil ollas de captación destinadas al riego, muchas de ellas sin registro formal ni supervisión técnica. A esto se suman más de cinco mil pozos profundos vinculados al sector agrícola, perforaciones que en algunos casos operan con títulos antiguos y en otros con permisos que nunca se actualizaron frente al cambio climático y a la expansión del modelo intensivo.

El contraste es evidente. Mientras empresas agrícolas y productores con capacidad de inversión acceden a infraestructura para extraer agua de mayor profundidad, comunidades completas dependen de redes urbanas frágiles, pipas o manantiales en retroceso. Regiones como la Ciénega y el Bajío son citadas con frecuencia en informes hídricos como zonas donde la sobreexplotación de acuíferos es crítica.

La revisión programada para 2026 incluye vigilancia satelital, verificaciones de campo y actualización de concesiones. Conagua anticipa que habrá sanciones en casos donde se detecte extracción sin permiso o volúmenes que excedan lo autorizado. El objetivo oficial es equilibrar el uso agrícola con el abasto doméstico y garantizar que el agua deje de ser un recurso atrapado en una lógica de primero en llegar, primero en perforar.

El reto será enorme. Regular después de décadas de permisividad implica enfrentar intereses económicos ya instalados y resistencias locales. La discusión en torno a la nueva Ley General de Aguas llegará a Michoacán con esta tensión de fondo, entre un campo que reclama certidumbre y ciudades que piden algo tan básico como agua en la llave.

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4. Escala conflicto entre trabajadores y el Ayuntamiento de Apatzingán

El conflicto laboral en Apatzingán dejó de ser una disputa sindical tradicional para convertirse en un pulso abierto sobre la continuidad de la presidenta municipal Fanny Arreola Pichardo. Trabajadores afiliados al sindicato municipal tomaron la presidencia y exigen su destitución, un movimiento que paraliza áreas clave del ayuntamiento y coloca al municipio en un escenario de crisis política.

Arreola sostiene que el sindicato ha rebasado sus atribuciones y que la autoridad está obligada a hacer valer la ley. Señala a la dirigencia como responsable de impulsar acciones que, a su juicio, se ubican fuera del marco laboral vigente. Entre sus argumentos destaca el costo de mantener al sindicato en operación, calcula que el gasto mensual ronda los nueve millones de pesos, recursos que, afirma, podrían destinarse a obras y servicios para la población.

Del otro lado, la base trabajadora argumenta que hay incumplimiento de acuerdos, falta de atención a demandas históricas y un estilo de gobierno que no reconoce sus derechos adquiridos. La toma de la presidencia es, para ellos, una medida de presión frente a una administración que consideran insensible y poco dispuesta al diálogo real.

El trasfondo es más amplio. La alcaldesa llega a este punto con un desgaste acumulado, marcado por críticas a su manejo de la seguridad, señalamientos sobre decisiones polémicas en eventos públicos y reclamos ciudadanos por la forma en que se ha comunicado con la población en episodios de violencia. La protesta sindical se suma a ese contexto y lo potencia.

Mientras no se logre un acuerdo, Apatzingán opera con oficinas cerradas, trámites detenidos y una administración local enfocada más en el pleito interno que en la agenda pública. La disputa ya no gira solo en torno a prestaciones o tabuladores, también plantea una pregunta de fondo sobre la gobernabilidad del municipio y la capacidad de la alcaldesa para reconstruir legitimidad en lo que resta de su mandato.