A pesar del alto costo de la corrupción institucional, los congresos siguen siendo omisos a la actualización de las leyes, por lo que México acumula hasta 20 años de rezago legislativo en el combate de dicha práctica.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción se refirió a la falta de mecanismos de denuncia, y sobre todo, la protección de quienes denuncian tales hechos.

Te puede interesar: Michoacán salió de las garras de la corrupción: Alfredo Ramírez

Actualmente, sólo el 1 % de los actos de corrupción se denuncian por miedo a represalias, que van desde el despido hasta amenazas y agresiones.

El coordinador y enlace legislativo de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Rafael Villaseñor Villaseñor, reclamó a los legisladores que a pesar de que la corrupción cuesta hasta el 10 % del PIB anual, se ha vuelto la bandera de un tema político electoral.

“El primer punto, según los datos del Inegi, es que no denuncian porque no pasa nada, porque aunque denuncien, siguen ocurriendo [los actos de corrupción]; pero las represalias son el segundo lugar: si denuncian enfrentan represalias”, manifestó.

Y añadió: “Sí es una gran problemática el hecho de que un funcionario tenga en riesgo su trabajo por denunciar la corrupción”.