El alcalde Eduardo Paes firmó un decreto que entrará en vigor el 1 de junio y establece nuevas restricciones para las playas de Río de Janeiro. La medida busca preservar el orden urbano, la seguridad pública y el medio ambiente, además de fomentar una convivencia pacífica entre turistas y residentes.

Entre las disposiciones se encuentra la prohibición de música en vivo sin permisos oficiales, así como la venta informal de alimentos, bebidas y alquiler de objetos de playa.

Las reacciones han sido diversas: mientras algunos celebran la intención de regular lo que consideran un ambiente caótico, otros denuncian que la norma amenaza la identidad cultural de la ciudad.

Músicos, vendedores y vecinos advierten que las restricciones perjudican tanto al alma artística de Río como a quienes dependen económicamente de esas actividades. La concesionaria Orla Rio calificó las medidas como un intento de “silenciar el alma del litoral”.

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Organizaciones como el Instituto Brasileño de la Ciudadanía han intentado frenar el decreto por la vía judicial, sin éxito hasta ahora. Paralelamente, la asamblea municipal debate un proyecto de ley que podría modificar algunos puntos del decreto, especialmente los relacionados con la música en vivo.

No obstante, aún no se ha definido si la votación ocurrirá antes de su entrada en vigor.

El impacto económico no es menor. Según datos del Ayuntamiento, la actividad informal en las playas de Río genera aproximadamente 710 millones de dólares al año. Vendedores ambulantes expresan miedo e incertidumbre ante una posible pérdida de ingresos, mientras residentes piden orden y control.

El gobierno local ha asegurado que mantiene el diálogo con los sectores involucrados y está dispuesto a realizar ajustes si es necesario.