El expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, solicitó la nulidad general de las actuaciones dentro del caso Plus Ultra, al argumentar que durante el procedimiento se han vulnerado derechos fundamentales como el acceso a un juez ordinario predeterminado por la ley, un proceso con garantías, la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia.

La defensa de Zapatero presentó un escrito ante la Audiencia Nacional en el que pidió dejar sin efecto el procedimiento al considerar que la investigación tuvo su origen en actuaciones que, según sus abogados, no respetaron las garantías legales. El recurso sostiene que se incorporaron al expediente análisis de conversaciones privadas que habrían sido obtenidas sin autorización.

El exmandatario, quien fue citado como investigado en la causa, declaró ante el juez por señalamientos relacionados con presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental. La investigación también contempla otras líneas relacionadas con posibles delitos fiscales y de contrabando por unas joyas localizadas en una caja fuerte de su oficina, con un valor estimado de 1.3 millones de euros.

El abogado Víctor Moreno Catena señaló en el escrito que la investigación comenzó en un juzgado de Madrid y que posteriormente derivó en actuaciones policiales y de la Fiscalía Anticorrupción que, a consideración de la defensa, afectaron la validez de todo el procedimiento.

En paralelo, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama pidió a los juzgados de Madrid abrir una investigación para identificar a los responsables de las filtraciones relacionadas con el caso Plus Ultra. El magistrado señaló la posible existencia de hechos que podrían encajar en delitos por revelación de actuaciones declaradas reservadas.