Rubén Rocha asegura que no ha salido de Culiacán y niega contar con protección federal
evangelio | 9 julio, 2026

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que desde el pasado 1 de mayo permanece en su domicilio de Culiacán y rechazó las versiones que apuntaban a un supuesto traslado bajo un operativo del Gobierno federal.

En un posicionamiento público, el mandatario afirmó: “Desde el día 1 de mayo hasta hoy, he permanecido, sin moverme, en mi domicilio en la ciudad de Culiacán”, al tiempo que sostuvo que no cuenta con protección de autoridades federales.

Rocha Moya también volvió a negar los señalamientos formulados por autoridades de Estados Unidos, que lo acusan de presuntos vínculos con el crimen organizado. “He sido objeto de una atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno”, expresó.

El gobernador con licencia insistió en que las acusaciones carecen de pruebas y reiteró que enfrentará el proceso por la vía institucional, luego de solicitar licencia al cargo en mayo para permitir que la Fiscalía General de la República realizara las investigaciones correspondientes.

Su pronunciamiento se produjo después de que diversos reportes periodísticos señalaran que había sido trasladado de su domicilio mediante un operativo federal, versiones que fueron desmentidas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su conferencia matutina de esta semana, la mandataria federal sostuvo que Rocha Moya permanece en Culiacán, es localizable y no está bajo vigilancia especial de las autoridades federales, por lo que descartó que exista un operativo para resguardarlo o trasladarlo.

El caso de Rocha Moya continúa en el centro de la atención política desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer, a finales de abril, una acusación en su contra y contra otros exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. En México, la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación y ha solicitado información adicional a las autoridades estadounidenses antes de determinar cualquier acción legal.

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