La comunidad matlazinca de San Miguel del Monte, ubicada en la zona sur de Morelia, inició una nueva batalla jurídica para lograr el reconocimiento formal de su autogobierno, al presentar un juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM). La demanda busca validar el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y corregir las irregularidades ocurridas durante la consulta comunitaria realizada en octubre.
El proceso anterior, convocado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), permitió que los habitantes de San Miguel del Monte y sus encargaturas decidieran si deseaban administrar directamente su presupuesto y elegir a sus autoridades por usos y costumbres. Sin embargo, los comuneros denunciaron anomalías en la jornada, entre ellas el acarreo de votantes, la difusión de información falsa y presiones políticas desde el ámbito municipal.
De las cinco encargaturas que participaron en la consulta, dos votaron a favor del autogobierno y tres optaron por mantener el vínculo administrativo con el Ayuntamiento de Morelia. Los representantes comunales aseguran que esos resultados no reflejan la voluntad real de la población, pues, afirman, hubo manipulación en el proceso y omisiones por parte del órgano electoral.
En su nueva demanda, la comunidad argumenta que la consulta debió regirse por estándares internacionales de participación indígena, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y al artículo 2 constitucional, que reconoce el derecho de los pueblos originarios a decidir sus formas internas de gobierno y a preservar sus instituciones.
La lucha legal de San Miguel del Monte no solo se centra en la autonomía política. Detrás de la demanda también está la defensa de sus recursos naturales, especialmente los manantiales y zonas forestales que abastecen de agua a parte de la capital michoacana. Los comuneros acusan que, sin reconocimiento jurídico, sus decisiones sobre el territorio quedan sujetas a intereses externos y a la presión de particulares dedicados a la compra de tierras.
El caso ahora forma parte de una oleada de procesos comunales en Michoacán que buscan el autogobierno: Cherán, Arantepacua, Comachuén y Sevina figuran entre las comunidades que ya han logrado el reconocimiento pleno de sus estructuras internas. Sin embargo, San Miguel del Monte enfrenta un escenario más complejo al ubicarse dentro de la jurisdicción de la capital del estado, donde el Ayuntamiento de Morelia mantiene competencia directa sobre los recursos y servicios públicos.
En tanto el TEEM analiza la procedencia del nuevo juicio, los habitantes de la comunidad han reiterado su determinación de continuar por la vía legal y pacífica. “Nuestra lucha no es contra nadie, sino por el derecho a decidir nuestro futuro”, expresó uno de los representantes comunales.
El resultado del proceso podría sentar un precedente importante para otras comunidades periurbanas que buscan recuperar la administración de sus recursos en un entorno urbano, donde los límites entre lo comunal y lo municipal se difuminan. San Miguel del Monte vuelve así a colocar sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿hasta dónde puede llegar la autonomía indígena cuando el territorio ancestral forma parte de una capital moderna?