A pocas semanas de su inauguración, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales construida como parte del Plan Michoacán enfrenta señalamientos por presuntas fallas estructurales y operativas. La comunidad indígena de Santa María Sevina hizo pública su inconformidad y aseguró que la obra no está cumpliendo con el objetivo para el que fue creada.

En un pronunciamiento respaldado por una rueda de prensa, representantes comunitarios señalaron que la infraestructura comenzó a presentar problemas casi de inmediato. Entre las irregularidades reportadas se encuentran grietas en la estructura principal, fugas de aguas negras, fallas en el funcionamiento general y malos olores, lo que, advierten, podría representar riesgos sanitarios para la población.

Salvador Ocampo Chávez, asesor jurídico de la comunidad, subrayó que la exigencia no es un reclamo aislado, sino la demanda del cumplimiento de un derecho básico. “No estamos hablando de un favor. Son recursos públicos que deben garantizar el acceso al agua y al saneamiento digno”, afirmó.

De acuerdo con la información presentada, el proyecto fue financiado bajo un esquema tripartita: 25% por la comunidad, 25% por la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC) y 50% por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Sin embargo, los habitantes señalaron que no participaron en la selección de la empresa encargada de la obra.

Según el asesor jurídico, las deficiencias se hicieron evidentes cuando la planta comenzó a operar a su máxima capacidad, ya que la presión del agua reveló fisuras en la estructura. Recordó que este tipo de proyectos debe contar con un periodo de garantía de al menos un año, por lo que pidió que se actúe de inmediato para corregir los daños.

La comunidad también expresó preocupación por el posible impacto ambiental y en la salud pública, especialmente en zonas de cultivo cercanas donde temen contaminación. Señalan que la planta fue una demanda histórica ante problemas previos de infección y manejo inadecuado de aguas residuales, por lo que consideran que la situación actual agrava un problema que buscaba resolverse.

Ante este escenario, Santa María Sevina emplazó a la CEAC y a la CONAGUA a acudir en un plazo de ocho días para presentar una solución técnica. De no recibir respuesta, advirtieron que recurrirán a acciones legales y movilizaciones para exigir la reparación de la obra.

Mientras tanto, la comunidad insiste en que la prioridad no es la confrontación, sino garantizar que la infraestructura funcione correctamente y cumpla con el propósito de proteger la salud y el entorno de sus habitantes.