Como parte de la estrategia gubernamental para combatir la evasión fiscal sin crear nuevos impuestos, la detección de empresas y personas dedicadas a emitir comprobantes falsos -conocidas como “factureras”- registró un fuerte incremento en México. En 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó una lista de 1,115 contribuyentes señalados por esta práctica, lo que representa un aumento del 424% respecto a los 277 casos identificados en 2024.

La procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, señaló que el objetivo es “atajar las redes de factureras antes de que se reagrupen, cerrando espacios a la reincidencia y fortaleciendo las acciones legales para proteger los recursos públicos”. Las autoridades estiman que estas operaciones fraudulentas han impactado severamente las finanzas del Estado: entre 2014 y 2019 se detectaron más de 8,000 factureras, con un fraude promedio de 43 millones de pesos por caso, mientras que solo entre enero y septiembre de 2025 el quebranto ascendió a 5,600 millones de pesos.

Para frenar el fenómeno, el SAT anunció que acelerará las revisiones, bloqueará empresas en plazos más cortos y reforzará las denuncias penales, apoyado en reformas legales que incluso permiten la prisión preventiva para quienes encabecen estas redes de facturación fraudulenta.