La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó la legalidad de la reforma al Poder Judicial de la Federación, desestimando los argumentos presentados por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).

El pronunciamiento llegó después del análisis de la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por las fuerzas políticas, quienes buscaban validar la impugnación de las modificaciones a las normas constitucionales relativas al poder judicial.

Durante la sesión, el pleno de la Corte evaluó la posibilidad de que los partidos políticos pudieran presentar recursos que cuestionaran la validez de las normas establecidas por la reforma.

Sin embargo, con una votación mayoritaria, se rechazó la opción, lo que consolidó el sustento legal de los cambios implementados.

El ministro Alberto Pérez Dayán señaló que el tribunal no tiene la facultad para determinar qué debería contemplar la Constitución en ese contexto.

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Su declaración rompió el bloque necesario de ocho ministros que se requería para declarar la invalidez parcial de la reforma, reafirmando que la modificación puede continuar vigente en su totalidad.

Durante sus intervenciones, Pérez Dayán remarcó que utilizar la acción de inconstitucionalidad para cuestionar reformas constitucionales equivaldría a una contradicción, sugiriendo que representaría una “insensatez” que no corresponde a las facultades del tribunal.

La postura de las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf también coincidió con esa visión, sosteniendo que ese medio no debía usarse para validar o invalidar reformas a la Constitución.

Tras un receso, el ministro ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá reconoció que no era factible cambiar las reglas de mayoría en medio del debate, sugiriendo que su proyecto debía ser desestimado.

Destacó que ya había una clara oposición de varios ministros, lo que hacía “estéril” continuar con el estudio del fondo del asunto.