En Michoacán suman 10 fallos de inconstitucionalidad contra leyes de ingresos de los municipios en lo que va del 2023.

A través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo cobros “indebidos” en decenas de municipios.

Cobro indebido del servicio de alumbrado público; cuestiones relacionadas con las telecomunicaciones, que invaden la esfera de competencia federal; cobro por arrastre de grúas, al considerarse indebida la forma de tasar el mismo; cobro indebido por trámite de pasaportes por autoridades municipales y cobro indebido por derechos de copias de transparencia y acceso a la información pública son los que más destacan.

Los municipios señalados son Acuitzio, Aguililla, Álvaro Obregón, Briseñas, Aquila, Buenavista, Ario de Rosales, Charapan, Charo, Coahuayana, Chavinda, Chilchota, Coalcomán, Cherán, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Hidalgo, Huiramba, Indaparapeo, Jacona, Los Reyes, Ixtlán, José Sixto Verduzco, Maravatío y Marcos Castellanos.

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También aparecen en el listado de inconstitucionalidad Múgica, Nahuatzen, Nocupétaro, Paracho, Pátzcuaro y Quiroga, Queréndaro, Sahuayo, Salvador Escalante, Santa Ana Maya, Tacámbaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Taretan, Tarímbaro, Tepalcatepec, Tiquicheo, Turicato, Tzintzunztan, Tzitzio, Villamar, Yurécuaro, Zacapu, Zamora, Ziracuaretiro y Zitácuaro.

Lo anterior por considerar que no se cumplen los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, lo cual constituye una alteración desmedida de la capacidad contributiva de los ciudadanos michoacanos, sin que exista un sustento y argumento objetivos y razonables para determinar tal medida.

Entre las gestiones jurisdiccionales se promovieron también cinco  “Amicus Curiae”; el mecanismo de protección benefició al menos a un periodista que enfrentó procesos legales por ejercer el periodismo en Lázaro Cárdenas y a dos víctimas indirectas de feminicidio.

El Amicus Curiae es un medio de intervención en procedimientos ante los tribunales en donde la comisión expone por escrito su punto de vista como experto en derechos humanos en temas que se discuten en el juicio respectivo, a efecto de generar una convicción específica en el juez.

En estos casos se intervino en temas que involucraron probables homicidios de mujeres y en tópicos como el ejercicio periodístico y el debate del quehacer público, para lo cual se emplearon estándares supranacionales y nacionales.