La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó atraer el caso de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, sobreviviente de un ataque con ácido en 2019, para revisar la legalidad de la anulación de una sentencia que había absuelto a los acusados de tentativa de feminicidio.

La decisión fue aprobada por mayoría, a propuesta de la ministra Loretta Ortiz Ahlf y del ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz. El asunto se centrará en determinar si una jueza sustituta tenía facultades para dejar sin efecto la absolución y ordenar la continuación del proceso judicial.

La controversia surgió en agosto de 2024, cuando el juez José Gabriel Ramírez Montaño absolvió a Juan Antonio Vera Carrizal, empresario y exdiputado local señalado como presunto autor intelectual de la agresión, así como a otros dos acusados.

Sin embargo, el juzgador fue suspendido antes de redactar la sentencia. La jueza que lo sustituyó, María Antonia Esteva Domínguez, determinó que no podía elaborar esa resolución porque no había presenciado las audiencias del juicio, por lo que anuló el procedimiento y frenó la liberación de los procesados.

Ante esta determinación, las defensas promovieron recursos de amparo para impugnar la actuación judicial, los cuales serán parte de los asuntos que la SCJN deberá analizar.

El presidente de la Suprema Corte explicó que el análisis no abordará directamente la responsabilidad penal de los acusados, sino las circunstancias procesales que llevaron a invalidar la absolución.

Por su parte, la ministra Loretta Ortiz argumentó que el caso reviste especial interés y trascendencia por la gravedad de la agresión contra Ríos y sus implicaciones para el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género.

La resolución que emita el máximo tribunal podría establecer criterios sobre las atribuciones de los jueces sustitutos, el debido proceso y la seguridad jurídica, particularmente cuando una resolución judicial queda pendiente de ser formalizada.

La atracción del caso no significa que la Corte haya ordenado un nuevo juicio ni que haya declarado culpables a los señalados. Su intervención busca resolver las cuestiones jurídicas relacionadas con los recursos presentados.

María Elena Ríos fue atacada el 9 de septiembre de 2019 en Huajuapan de León, Oaxaca. Desde entonces, su caso se ha convertido en un referente de la lucha contra las agresiones con sustancias corrosivas y la violencia contra las mujeres.

Vera Carrizal permanece en prisión preventiva desde 2020 y es señalado por presuntamente ordenar el ataque. Su responsabilidad penal deberá resolverse conforme al procedimiento judicial correspondiente.

Ríos ha impulsado iniciativas para fortalecer la protección de las víctimas, entre ellas la denominada Ley Malena, aprobada en la Ciudad de México en 2024 para sancionar las agresiones con ácido y otras sustancias corrosivas.