La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la sentencia del Tribunal Colegiado que había reducido la condena impuesta a Diego Urik Mañón Melgoza, responsable del feminicidio de la maestra Jessica González Villaseñor, ocurrido en septiembre de 2020 en Morelia.

Con esta determinación, la Corte ordenó emitir una nueva sentencia que cumpla con los criterios constitucionales y con el principio de proporcionalidad en casos de violencia feminicida, subrayando que el derecho a la reinserción social no puede ser utilizado para disminuir de forma desproporcionada la responsabilidad penal en delitos de extrema gravedad.

El fallo corresponde al Amparo Directo en Revisión 4872/2024, elaborado por la maestra Lorena Bedolla Ponce, e incluye aportaciones del Amicus Curiae presentado por el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, y el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Josué Mejía Pineda. Dicho documento colocó los derechos de las víctimas y la perspectiva de género en el centro del debate judicial, reforzando la exigencia de que la justicia mexicana no minimice la gravedad del feminicidio.

Inicialmente, Mañón Melgoza había sido condenado a 50 años de prisión; sin embargo, el Tribunal de Alzada redujo la pena a 42 años y seis meses, decisión que fue impugnada por las víctimas indirectas y cuya revisión derivó en el reciente pronunciamiento del máximo tribunal.

Bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, la Primera Sala de la SCJN resolvió que el interés de las víctimas a la justicia y la proporcionalidad de la pena deben prevalecer sobre cualquier consideración individual cuando se trata de delitos que atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres.

La resolución concede el amparo a las víctimas indirectas, deja sin efecto la reducción de la condena e instruye la emisión de una nueva sentencia conforme a los principios constitucionales. Asimismo, la Corte desestimó el recurso adhesivo promovido por el feminicida.