La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la suspensión de la resolución de 19 amparos presentados en contra de la Ley Minera y otras normativas relacionadas con el uso del agua y la protección medioambiental para los concesionarios de esta industria.

Dicha medida se mantendrá en vigor hasta que el máximo tribunal decida si asume o no competencia sobre estos casos.

La solicitud de revisión fue realizada por la ministra Lenia Batres Guadarrama, llamando a la SCJN a retomar su jurisdicción en los juicios interpuestos por empresas mineras en contra de las reformas legales aprobadas el 8 de mayo de 2023.

Esas reformas buscan salvaguardar los derechos a la vida, la salud, el agua y un medio ambiente sano de las comunidades cercanas a las minas.

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La ministra presidenta, Norma Piña Hernández, rubricó el acuerdo que determina la suspensión de los amparos que actualmente están en proceso en distintos tribunales colegiados, a la espera de la resolución respecto a la petición de atraer los casos.

Entre los cambios introducidos por la reforma a la Ley Minera se destaca la reducción de la vigencia de las concesiones de 50 a 30 años, la obligatoriedad de licitar las mismas, la exigencia de consultas previas con comunidades indígenas -a quienes se les deberá compensar con un cinco por ciento del proyecto- y un incremento en las responsabilidades ambientales, entre otras disposiciones.

Expertos en la materia han indicado que las principales empresas mineras buscan ampararse contra esta ley con el objetivo de limitar las nuevas regulaciones que contiene y así mantener sus actividades en el mercado de valores, con particular énfasis en minerales estratégicos esenciales para la transición energética, como el litio, cobre y níquel.